Rafael Ben-Abraham Barreto*
El terrorismo yihaidista, la inmigración ilegal y la energía centraron la agenda de trabajo de la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la ribera sur del Mediterráneo celebrada, recientemente, en Barcelona (España), bajo los auspicios de la Comisión Europea, el Gobierno de España y Letonia, en calidad de país que ostenta la presidencia semestral de la UE, y que congregó además Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Autoridad Nacional Palestina, Israel, Jordania y Líbano.
Un encuentro al que asistieron
representantes de alto nivel de 36 países precisamente pocos días después de la
detención de once personas integrantes de una célula terrorista islámica que
planeaba perpetrar atentados en Cataluña y en la que actualmente la Unión
Europea estudia la posibilidad de reconsiderar la política de vecindad con los
países orientales y meridional de la Unión Europea con el fin de obtener una
mayor eficacia, previa consulta sobre el particular con los países afectados.
La
preocupación se centra en lo que parece imparable ascenso del autodenominado
Estado Islámico o Califato del Levante de Irak y sus múltiples ramificaciones
diseminadas por Oriente Medio y el continente Africano del que sobresale la
organización Boko Haram, y ni que decir tiene de los grupos que operan y/o
gobiernan en Líbano y Gaza, Hezboláh y Hamas, que muy bien pudieran ser primos
hermanos de los que actualmente se pretende perseguir y eliminar. Hay que tener
en cuenta que España y Gran Bretalña aún restañan las heridas de los sendos
atentados terroristas del 11 de marzo de 2005 y 7 de julio de 2005; Francia, el
ocurrido en enero de este año contra semanario Charlie Hebdo y la tienda Kosher
de París, por citar algunos ejemplos.
